MEXICALI.- El presidente del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Eduardo
Arredondo Uribe, rechazó por improcedente la convocatoria ilegal que hizo
Edgardo Silva, quién se ostenta como presidente del CPC y también como consejero
presidente en Mexicali.
Dicha convocatoria la firman además Vicenta Espinosa
Martínez, secretaria de la Honestidad y Función Pública, José Luis Zazueta
Pérez, síndico procurador de Playas de Rosarito, María del Carmen Espinoza Ochoa,
síndica procuradora de Tijuana, y Ricardo Esteban Zurita López, miembro del
CPC.
El intento de convocar a esta sesión es, en realidad, una
evidente maniobra que busca socavar la funcionalidad y operatividad
institucional del Sistema Anticorrupción, consideró Arredondo
De conformidad con el artículo 14 del Reglamento Interior de
la Secretaría Ejecutiva del SEA, se trata de un acto ilegal ya que la petición
para sesionar debe ser suscrita al menos por 12 integrantes y dirigirse al
presidente del CPC; requisitos que no se reúnen en la malograda convocatoria.
Por reglamento, el convocante es quien preside el CPC y, por extensión, el
Órgano de Gobierno.
El 8 de julio de 2020, Arredondo Uribe fue electo para
presidir el CPC por un periodo de un año que concluye en junio de 2021.
"Nada al margen de la ley, nadie por encima de la
ley", advirtió Arredondo Uribe, al tiempo de rechazar la pretensión de
albazo de Silva Rivera, quien ha estado ausente de los trabajos del SEA desde
noviembre de 2019.
A pesar de haber confirmado su asistencia a la sesión para
elegir al presidente del CPC, cargo al que aspira por ser su último año en el
SEA, Silva Rivera decidió no asistir y optó por presentar una solicitud de
amparo para suspender la designación de Arredondo Uribe, representado
jurídicamente por Ricardo Zurita, pero el Juzgado Quinto de Distrito del Poder
Judicial de la Federación en el Estado la rechazó el 27 de septiembre de 2020,
al considerarla improcedente y, de facto, confirmó el nombramiento del actual
presidente.
"Las consideraciones jurídicas del Juez dan soporte a
la negativa de la suspensión solicitada y por consecuencia, reconocen el
nombramiento existente a mi favor, como un acto materialmente cierto y legítimo
y que inhibe al quejo Edgardo Silva Rivera a ostentarse como titular de dicho
cargo", señaló el presidente del CPC.
Arredondo Uribe advirtió que es muy grave que en el ente anticorrupción se pretenda incurrir en un acto ilegal que avalan con su firma la secretaria de Honestidad y Función Pública, dos síndicos procuradores y otro integrante del CPC.
La pretensión de esta sesión es contradictoria toda vez que
desde marzo están paralizadas las sesiones del Comité Coordinador del SEABC, a
propuesta de la propia secretaria Vicenta Espinoza que se confabuló con Ricardo
Zurita y Silva Rivera.
En esa sesión del 12 de marzo, Zurita buscó romper la
reunión desde la votación del orden del día al oponerse a la solicitud de
investigación de "los moches", consistentes en promover aportaciones
económicas a cambio de contratos gubernamentales, la entrega de una notaría
pública al sobrino del exgobernador Xicotencatl Leyva Mortera y de la extorsión
del diputado Miguel Ángel Bujanda para aprobar el presupuesto 2020, de acuerdo
a denuncia del secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano.
Con la mayoría de votos de los representantes
gubernamentales, así como de Silva y de Zurita, se acordó suspender las
actividades del Comité Coordinador hasta que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación entregue al Congreso local el engrose de la sentencia de la Acción de
Inconstitucionalidad 119/2017 donde resolvió que todos los integrantes del CPC
recibirán pago mensual.
También se promovió un punto de acuerdo del Congreso local
para paralizar las acciones del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja
California, así como las sesiones del Comité Coordinador y otras entidades del
SEABC.
Luego de compartir el auténtico interés de que funcionen y
estén integradas todas las instancias del Sistema Estatal Anticorrupción,
facultad exclusiva del Congreso del Estado, incluyendo la regularidad de las
sesiones públicas, se refirió al riesgo de salud pública por la contingencia
sanitaria ocasionada por el coronavirus y por ello "es de suma
trascendencia respetar y observar los protocolos y el lineamiento general para
la mitigación y prevención en espacios públicos cerrados".
La prudencia y el
sentido común se imponen para decidir, en lo inmediato, la no celebración de
sesiones públicas, hasta en tanto las medidas sanitarias lo permitan, dijo al
tiempo de informar que el Sector Salud no ha emitido opinión ni autorización de
las consultas realizadas para tal fin.
Arredondo convocó a los representantes ciudadanos y
gubernamentales a hacer del Sistema Estatal Anticorrupción "un verdadero
espacio de colaboración y coordinación institucional para dar resultados
visibles a los ojos de quienes, al final del día, terminan cargando los
gravísimos costos de la corrupción".
